Es costumbre que cada cierto tiempo —quizá porque en verdad nunca se va— salte a la palestra el debate sobre la idoneidad de mantener la regulación como santo y seña del modelo farmacéutico español y en aras de proteger la salud pública. Este 2017 no ha sido menos. Incluso, con cierto nivel de amenaza desde el lugar donde otras veces más se ha insistido con la liberalización de los conocidos como ‘mediterráneos’: la Comisión Europea (CE).
Si bien no puede decirse que la farmacia haya salvado un ‘match ball’ —tirando de jerga tenística— dado que la situación no era tan crítica como en épocas pasadas (dictamen motivado, etc.), sí se puede estimar que el modelo farmacéutico español ha salido reafirmado en los diferentes ruedos políticos por los que ha pasado en los últimos doce meses. Una situación de la que no pueden decir lo mismo otros modelos ‘hermanos’ con los que se compartía —hasta ahora— características como el binomio titularidad-propiedad en manos farmacéuticas.
Por ejemplo, Italia aprobó el pasado mes de agosto su nueva Ley de Competencia que, respecto a la Farmacia, permite la entrada de capital no profesional en la propiedad de boticas. También en Francia las intenciones de desregularizar la profesión se localizan dentro de su Gobierno, si bien, de momento, son solo intenciones de las que habrá que estar pendientes a su evolución en 2018.
Ese respaldo político que no han tenido los profesionales italianos y franceses sí lo tuvieron sus compañeros españoles a comienzos de año. En concreto, a finales de enero, la Comisión de Sanidad del Senado aprobó una moción presentada por el Partido Popular de defensa del modelo farmacéutico regulado. “Queremos seguir trabajando para consolidar y desarrollar el valor de la farmacia como un servicio sanitario de proximidad, así como seguir defendiendo el modelo de farmacia español como un modelo eficaz y eficiente”, decía el texto aprobado en la Cámara Alta, que no recibió enmiendas.
Una iniciativa que fue agradecida por la máxima organización farmacéutica nacional. “El Senado ha vuelto a ser sensible y consciente de la importancia del modelo, defendiendo su eficacia y eficiencia por su cercanía y accesibilidad”, valoraba Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF.
Otra batalla ganada en Bruselas
Ese mes de enero combinó las noticias positivas que dejaba esa moción de respaldo con otras que volvían a provocar que la amenaza de la liberalización sobrevolase en torno al modelo regulado.
Casi coincidente en tiempo con la iniciativa del Senado, aunque sin causa-efecto, la Comisión Europea anunciaba la puesta en marcha de un paquete de medidas para mejorar la prestación de servicios en Europa y favorecer la competitividad. Entre ellas, una propuesta de Directiva del Test de Proporcionalidad para analizar si las restricciones en el ejercicio de ciertas profesiones son adecuadas o justificadas.
Aunque el texto ponía en la ‘diana’ a otros sectores, al aludir textualmente a abogados y arquitectos, entre otros, la profesión farmacéutica lo entendió al instante como una nueva amenaza liberalizadora. Desde ese momento, los esfuerzos conjuntos de farmacéuticos, médicos y dentistas —representados por sus Consejos Generales— y eurodiputados se centraron en defender la “especial naturaleza” de las profesiones sanitarias, a fin de quedar excluidas de la aplicación de esta directiva, cuyo texto final verá la luz este 2018 una vez pase el periodo de ‘trílogos’ (reuniones de Parlamento Europeo, CE y Consejo Europeo).
Pues bien, esos trabajos parecen haber dado sus frutos, sin que nadie quiera aún lanzar las campanas al vuelo. En octubre, la Comisión de Sanidad del Parlamento Europeo votó a favor de excluir las profesiones sanitarias de esta normativa. Más recientemente, en diciembre y en lo que se consideraba la cita “clave”, la Comisión de Mercado Interior del PE también se posicionó a favor de esta exclusión.
“Fruto de las gestiones que hemos liderado los farmacéuticos junto a otras corporaciones sanitarias, eurodiputados y Gobierno de España hemos conseguido que el texto final que se votará en 2018 contemple este especial reconocimiento. Una batalla que si no la hubiésemos librado supondría poner en riesgo la salud de los pacientes y de los sistemas sanitarios, rebajando sus estándares de calidad.
