Cuando se debate en torno a la farmacia asistencial o acerca de demostrar los mayores resultados en salud que se pueden conseguir desde las farmacias comunitarias, hay una frase que no por manida ha perdido su importancia: lo que no se registra, no existe. Tanto el debate, como la citada premisa, volvieron a salir a la palestra en una mesa redonda celebrada en Infarma Barcelona 2019 que reunió a representantes de CGCOF, colegios farmacéuticos provinciales y sociedades científicas.
El diagnóstico de partida pasa por reconocer la importancia del registro de las actuaciones asistenciales, si bien la realidad es que en las farmacias españolas aún hay déficit de registros. Sobre ello, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y uno de los participantes en la mesa, Jaime Giner, cree que la tendencia a no registrar “es consecuencia de la falta de recursos económicos y tiempo, así como de un sistema retributivo basado en el producto y su margen y no en el acto”. En el caso del COF de Valencia, ya cuenta con la herramienta Atenfarma, un programa informático para el registro de los servicios asistenciales realizados por los farmacéuticos comunitarios valencianos y las farmacias certificadas por el colegio”.
En el caso del Consejo General de COF, su apuesta para el registro de cuantos datos generen las farmacias a nivel asistencial es Nodofarma Asistencial. ”El proceso de transformación hacia lo asistencial que vive la farmacia obliga a registrar. Hacemos muchas actuaciones en nuestras farmacias como para perder la oportunidad de hacerlo”, apuntó su secretaria general, Raquel Martínez. Asimismo, Martínez aboga por “homogeneizar” los sistemas de registro.
Igualmente, el presidente del COF de Cádiz, Ernesto Cervilla, así como Guillermo Bagaria, vicetesorero del COF de Barcelona y responsable de Atención Farmacéutica, y Eduardo Satué, presidente de Sefac Aragón-Lifara, presentaron las diferentes iniciativas y herramientas de sus corporaciones (Axionfarma, Sefac e-expert, etc.) en este campo. Ahora bien, Bagaria recordó las diferentes idiosincrasias de las CC.AA. para considerar difícil la unificación de criterios, mientras que Satué defendió que cada entidad pueda contar con sus plataformas y proyectos para registrar.
