Dos años de Convector y Noisa: la vida para sus imputados sigue ‘igual’

“Va para largo; es una instrucción larguísima”. Son las escasas palabras, pero elocuentes, que salen del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que asume la causa de la Operación Noisa por la cual la Guardia Civil detuvo a 49 personas —entre ellas doce farmacéuticos— por su relación con una trama de exportación ilegal de medicamentos con foco en Galicia. Apenas a 5 kilómetros, en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional siguen incorporándose tomos al sumario de la Operación Convector —con 80 imputados por el mismo motivo—. Una instrucción también larga. Al ser “causa compleja”, el por entonces fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, solicitó en febrero prorrogarla hasta junio de 2017.

Este octubre se cumplen dos años de estas macrooperaciones que salpicaron al sector farmacéutico nacional. Dos tramas coincidentes en tiempo y modus operandi: desviar medicamentos del canal legal para su venta al extranjero, bien Europa o África, a precios superiores. Más allá del largo camino que tienen estas causas, se sabe que los imputados podrían ser acusados de hasta cinco delitos: contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y contra la Salud Pública.

Este último es el más difícil de probar: “Los juzgados no comprenden que las prácticas ilícitas relacionadas con los medicamentos puedan ser constitutivas de delitos contra la salud pública, al ser precisamente productos concebidos para favorecer la salud”, ejemplifica a EG Javier Molinera, miembro del Cuerpo Nacional de Policía. La reforma del Código Penal de 2015 permite ya imputar penas de prisión al tráfico ilícito de fármacos, frente a las hasta ahora meras sanciones administrativas. No obstante, los imputados de Convector y Noisa serán juzgados a tenor de la legislación anterior, al no ser retroactiva.

A expensas de que la Justicia aclare su futuro, sí se conoce su presente, el cual pasa en la práctica totalidad de casos por el mantenimiento en sus ejercicios o cargos desde los que habrían cometido estos fraudes. EG ha querido hacer un repaso del escenario actual. La (su) vida sigue ‘igual’, que cantaría aquel.

Mismas short liners, nuevos nombres

Respecto a la Operación Convector, las cerca de 200 farmacias señaladas en las investigaciones, repartidas por toda la geografía nacional, siguen abiertas al público y con los mismos titulares al frente. Desde las ubicadas en poblaciones rurales de Aragón que dieron inicio al cúmulo de detenciones, como las ubicadas en Sevilla con las que se cerró cinco meses después el círculo. Igual ocurre con las decenas de short liners que, como almacenes ‘pantalla’, actuaban como nexo en la compraventa de los medicamentos que finalmente se exportaban.

El imputado Arturo López Cerdá, administrador único de la extinta entidad Mateprix —señalada en el sumario como uno de los principales almacenes pantalla que usaba la trama — constituyó en 2015 Gerocan Farma, con autorización de la Aemps.

Algunos continúan operando en el sector con la misma denominación y, en otros, como ha podido comprobar EG, han sido renombrados y recibido nuevas autorizaciones por la Aemps con posterioridad a que se destapase este caso. Así ocurre con Arturo Alfredo López Cerdá, gerente del extinto almacén granadino Mateprix, señalado por la Guardia Civil como una de las principales short liners que canalizaban buena parte de las operaciones de la trama —como así lo demuestran la documentación y conversaciones intervenidas—. Por ello fue detenido e imputado. Mateprix ya no figura en el catálogo de entidades de distribución de la Aemps, al igual que tampoco hay rastro en él de otras short liners aludidas en el sumario como Sayeg, Muroth (ambas también en Granada), y la almeriense Juelpharma.

Gerocan Farma, ¿la antigua Mateprix?

En ese catálogo de la Aemps sí aparece ahora una nueva entidad, Gerocan Farma, cuyo socio y administrador único es precisamente López Cerdá y cuyo domicilio social en Peligros (Granada) es el mismo que figuraba respecto a la extinta Mateprix. Asimismo, el Boletin Oficial del Registro Mercantil (Borme) recoge en su edición de 23 de septiembre de 2015 el “comienzo de operaciones” de esta nueva entidad dedicada al “comercio al por mayor de medicamentos” autorizada por la Aemps. Para más inri, más recientemente el Borme (21 de septiembre de 2016) recogía la resolución de un juzgado de lo social de Granada que declaraba a Mateprix en situación de “insolvencia parcial”.

Desde la patronal de mayoristas de gama completa (Fedifar) descartan pronunciarse sobre casos concretos que “desconocen”. En una valoración global reafirman que “siempre hemos pedido la implantación de medidas que refuercen los sistemas de control: revisión de los procedimientos de concesión de autorizaciones, refuerzo de medidas de inspección…”. Eso sí, “corresponde a la Aemps determinar qué actividad llevan a cabo las empresas que aparecen en su catálogo y vigilar su actividad”, dicen.

Esta suerte de ‘lavado de cara’ no es exclusiva al anterior caso. EG_ha contactado con Daniel (nombre ficticio), gerente de otros de los almacenes aludidos en el sumario, detenido e imputado en la causa. Si bien la entidad que gestiona nunca ha salido del catálogo de la Aemps, reconoce a EG que se encuentra en trámites para designar un nuevo nombre comercial y sin constatar “controles o celos adicionales” por la Aemps. “Tenemos que recuperar la confianza del cliente, y eso es imposible con el anterior nombre”. Asegura disponer de auditorías que indican una reducción del 80 por ciento de ventas desde que su nombre trascendió en los medios.

Aparente normalidad

Daniel defiende su inocencia, no sin reconocer que “es evidente que hemos tenido relaciones comerciales entre nosotros”. “En nuestro caso, solo actuábamos como vendedores. Si ese tercero me presenta una licencia yo puedo establecer una relación comercial. Luego, las actuaciones que haga él o si manda medicamentos a Angola (sic) ni puedo comprobarlo ni es mi responsabilidad”, excusa. Otro de los imputados con los que ha contactado EG —que coincide con Daniel en que no figure su nombre y sentirse inocente— asegura que “todo es mentira” y cree que si se ha ampliado el plazo de instrucción no es por la complejidad de la causa y sí “porque no encuentran pruebas”. También viene ejerciendo en estos dos años “con normalidad”.

Excepto en los días que estuvieron precintadas, también han seguido abiertas al público con aparente normalidad las boticas ligadas a Noisa. Una de ellas, en Marin (Pontevedra), acaba de salir de una situación concursal en la que entró en octubre de 2015 para responder ante sus numerosas deudas. Entre ellas, una multa de 600.000 euros por comercio inverso (caso Celtifarma) anterior a reincidir presuntamente en la Noisa. “Ya hace vida normal”, dice Ricardo Garrido, el administrador concursal. Vida normal… Hasta que la Justicia no diga (sine die) lo contrario. Entonces, ¿otro concurso de acreedores? Ya se sabe, hecha la ley…