Al César lo que es del César. Y a las boticas en situación de viabilidad económica comprometida (VEC), lo que les reconoce la ley: el derecho a que se les aplique desde enero de 2012 un índice corrector por su baja facturación pública al SNS. Sin embargo, la Junta de Andalucía venía negando este derecho a sus farmacias VEC respecto a 2012, 2013 y 2014, reconociéndolo solo a partir del año (2015) en el que publicó su decreto regional con el que daba cumplimiento al RDL 9/2011.
Ahora, dos años después, la Junta de Andalucía ha rectificado. Una resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de su Consejería de Salud publicada en la edición de 7 de noviembre del BOJA reconoce la aplicación de este índice corrector (conocido como ‘ayudas’ VEC) con carácter retroactivo para esos tres ejercicios. Por ello, la Administración andaluza a sus boticas VEC con la facturación de noviembre un montante cercano a 1’5 millones de euros por esta retroactividad (en torno a 500.000 euros por ejercicio), según los cálculos realizados por los colegios farmacéuticos andaluces y la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar). En concreto, respecto a 2012, son 76 establecimientos andaluces los que cobrarán ahora estas compensaciones, una cifra que crece en los siguientes ejercicios: 92 en 2013 y 111 en 2014.
Se evita el litigio judicial
En declaraciones a EG, el presidente de Sefar y titular de una farmacia VEC en el municipio sevillano de El Madroño, Javier Guerrero, celebra el fin de esta “larga historia de reclamaciones”. A Guerrero — que en su caso personal la la Junta le adeuda por estos ejercicios en torno a 19.000 euros— le satisface especialmente que se haya alcanzado una solución “sin recurrir a litigios judiciales”, aunque la misma haya llegado con varios años de retraso. “Se ha subsanado un error de origen”, dice Guerrero en alusión a la falta de alusiones en origen a la retroactividad.
En estos casi tres años que han transcurrido desde la publicación del decreto andaluz y esta marcha atrás de la Junta de Andalucía ha habido mucho trabajo de “pico y pala” de la farmacia andaluza. En especial, reuniones con el equipo de la Consejería de salud que evitasen tener que abrir la vía judicial, lo cual “hubiese alargado la solución”. En este sentido, el presidente de Sefar agradece el esfuerzo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), tanto en las negociaciones para revertir la situación como, paralelamente, por calcular las cantidades que se adeudarba por este concepto a cada farmacia VEC regional.Por el lado político, Guerrero reconoce la implicación de Remedios Martel, actual directora general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía, y Martín Blanco, viceconsejero de Salud.
No se puede decir lo mismo del Ministerio de Sanidad, cuya ayuda a este colectivo ha brillado por su ausencia a pesar de ser la institución del que emanó el RDL 9/2011, de obligado cumplimiento nacional. En el pasado, fuentes ministeriales apuntaron a EG que ante el incumplimiento autonómico de una norma nacional, el procedimiento pasa por la elaboración de un informe por la Subdirección General de Calidad cuyas observaciones son transmitidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para las actuaciones que procedan. Sin embargo, nada se supo sobre la elaboración de un informe sobre este caso. La tónica fue el silencio sepulcral ante las posteriores preguntas de este periódico sobre dicho informe.
Tras esta marcha atrás de Andalucía, solo queda Asturias como única región que desarrolló su decreto con posterioridad al RDL 9/2011 sin reconocer la retroactividad de la aplicación del índice corrector a la baja facturación de las boticas VEC. En Asturias, el decreto se publicó en mayo de 2015, sin alusión alguna al derecho a recibir estas compensaciones con anterioridad a esta fecha. Ahora bien, solo una farmacia asturiana está catalogada como VEC.
