AIRef: la farmacia recibe una de arena con las subastas, pero también varias de cal

La propuesta de pagar 353 millones por el SFT queda ensombrecida por el ‘boom’ de unas futuras licitaciones nacionales
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17 may 2019 - 13:52 h
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“Las farmacias tienen un papel importante en el SNS (...) Todas las medidas orientadas a la reducción del gasto podrían comprometer su viabilidad económica. Se propone un modelo de remuneración de pago por servicio que permita ingresos adicionales, compense las perdidas en el margen y de incentivos para que se conviertan en agentes que promuevan la adhesión a los tratamientos y el seguimiento farmacoterapéutico”.

Si se realizase un sondeo entre farmacéuticos cara a intuir de cuál documento se ha extraído el anterior párrafo, muchos serían los que lo situarían en algún texto (reivindicativo) emanado desde dentro de la profesión. Sean los que fuesen, a buen seguro más de los que lo ubicarían de donde realmente proviene: el Spending Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el que se proponen al Ejecutivo una serie de medidas que, de ser aplicadas, pondrían ‘patas arriba’ la política farmacéutica.

Y es que, cuando durante años se han presentado las subastas de medicamentos de Andalucía como el coco de profesión y pacientes —no sin razón—, puede entenderse que la recomendación de Airef de expandir este sistema a todo el país sea ese árbol que impide ver el resto del bosque. Pero, más allá de la palada de arena que supondrían una subastas nacionales, la AIReF también da otras de cal a las boticas. Por ejemplo, al apostar por el pago de actuaciones profesionales y suprimir las deducciones del 7,5 por ciento en determinados medicamentos.

En concreto, la AIReF considera “recomendable” aprovechar el potencial que aporta la capilaridad de la red de farmacias para que “al igual que ocurre en otros países europeos”, recuerda, jueguen un papel relevante en el cumplimiento de los tratamientos, y realizar seguimiento farmacoterapéutico.

La novedad radica en que estas funciones no se llevarían a cabo “por amor a la causa (sanitaria)”, como tantas otras actuaciones que ya realizan a diario. La AIReF señala que, dado que estas funciones “generan ahorros” al sistema, bien podría “ser remunerada como un servicio prestado por estos profesionales al SNS”, indica en su Spending Review.

Incluso, plantea cifras. Las ‘cuentas’ de la AIReF apuestan por abonar por estos servicios cerca de 353’5 millones de euros en el próximo trienio, repartidos de la siguiente manera: 70,7 millones de euros en 2020, 141,4 millones en 2021 y la misma partida para 2022.

Las subastas nacionales, al detalle

El análisis del Spending Review al que ha tenido acceso EG también confirmó la noticia adelantada en exclusiva por este periódico y de afectación directa —en este caso negativa— a las farmacias: la propuesta de implantar unas subastas nacionales de medicamentos al ‘estilo eléctricas’ que ya estudia el Gobierno.

Este modelo semejante, aunque con salvedades, al que rige el mercado de la luz en España es presentado por la AIReF como unas subastas dinámicas que pretenden “mejorar” el sistema aún vigente en Andalucía mediante algunas novedades cara a “fomentar la transparencia respecto al precio definitivo y eliminar el elemento de exclusividad (adjudicatarios únicos)”.

No todo el vademécum disponible en España sería objeto de estas licitaciones, ya que la propia AIReF lo estima contraproducente en medicamentos con un solo suministrador o que no posean un número significativo de competidores. Para este organismo, los medicamentos que podrían (deberían) ser objeto de selección mediante subastas serían aquellos utilizados en la práctica clínica habitual y con efectos asociados a patologías comunes de naturaleza moderada, con alto impacto en el SNS y que hayan sido seleccionados en Andalucía “con resultados exitosos”.

Ante cada proceso de selección de medicamentos, cada empresa que desee concurrir presentaría una única oferta, que se ordenarían de mejor a peor hasta alcanzarse el volumen que determine el Estado en función de la demanda a satisfacer (cifras de consumo del medicamento). Este apartado es igual que el que rige la compra de la luz, en el que la demanda se satisface haciendo uso de las ofertas en orden ascendente.

Como también ocurre con las subastas eléctricas, se establecería un precio final único a abonar a todos las empresas, si bien con una variante. El precio final no lo marcaría la última oferta a la que se haya tenido que recurrir —y por ende la más alta— , sino que el precio se establecería “como la diferencia entre la última oferta necesaria para alcanzar el volumen fijado por la Administración y el precio del medicamento, hasta la subasta”.

<p>AIRef: la farmacia recibe una de arena con las subastas, pero también varias de cal</p>

Reunión de Afaran y Adefarma con la AIReF

Desde que a finales de 2011 la Junta de Andalucía comenzó a desarrollar las conocidas como subastas de medicamentos hasta que ahora parecen estar llegando a su fin, no han sido pocos los movimientos que ha realizado la Asociación Farmacéutica Andaluza Afaran —y en concreto su presidenta Teresa Martín Giménez— de cara a denunciar los perjuicios para profesionales y pacientes de este sistema e intentar su supresión. Una lucha librada tanto a nivel nacional —véase las denuncias ante el Defensor del Pueblo— como en Europa —con repetidos viajes a Bruselas—. Era por ello previsible que, una vez que trascendió que el Gobierno está estudiando la posibilidad de implantar unas subastas nacionales a propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Afaran volviese a la carga. Una vez trascendió su Spending Review, representantes de Afaran, con Martín Gimenez a la cabeza, acompañados en esta ocasión de miembros de la patronal madrileña Adefarma, mantuvieron un encuentro el 16 de mayo con la AIReF de cara a presentarles datos sobre los efectos negativos de este modelo y que no son atendidos en el informe. Una reunión que resultó “satisfactoria” para Afaran y en la que los miembros de AIReF invitaron al envío de más datos que permitan conocer un escenario más conciso de posibles problemas asociados a estas licitaciones.

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