Alberto Cornejo Madrid | viernes, 31 de marzo de 2017 h |

Hace ahora justo un año que, en abril de 2016, las páginas de EG recogían un artículo con el título “La Atención Farmacéutica a residencias deja a la botica solo con las privadas, ¿y gracias?”. En él se ponía de manifiesto la cada vez mayor tendencia de algunas comunidades de sobreexcederse en la aplicación del real decreto 16/2012 e ir más allá de la única obligatoriedad que establece esta norma respecto a que los centros sociosanitarios públicos de más de cien plazas cuenten con un depósito de medicamentos propio o bien estén vinculadas a un servicio de Farmacia Hospitalaria.

Este paso más allá del RDL 16/2012 se traducía en la apuesta de las CC.AA por ligar a los servicios de FH el suministro a residencias públicas de menos de esas cien plazas a las que aludía la norma. Sin embargo, apenas doce meses después, ese titular ha quedado desfasado. Su actualización diría ahora que “La Atención Farmacéutica a residencias deja a la botica ni tan siquiera con las privadas”. Al menos en la Comunidad Valenciana, si se mantienen los planes anunciados por su Consejería de Sanidad Universal. Unos planes que ya contaban con el rechazo de los colegios farmacéuticos… Y ahora también de pacientes y responsables de estos propios centros.

La semana pasada, el Departamento que dirige Carmen Montón anunciaba —para sorpresa del sector, que aseguró enterarse “por la prensa” — su nuevo plan de prestación farmacéutica a centros sociosanitarios (Resi-EqiFar) por el cual, a partir de 2018, será el servicio de Farmacia Hospitalaria de La Fe (Valencia) quien suministre “en exclusiva” los medicamentos a todos los residentes de centros sociosanitarios regionales, sean públicos y privados, e independientemente de su número de plazas.

Un modelo que da una vuelta de tuerca más a otras iniciativas autonómicas por las cuales la oficina de farmacia viene perdiendo protagonismo en la prestación a residencias. Y es que, a diferencia de estos casos pasados en los que las Administraciones solían centrarse en las de carácter público o al menos mantenían un umbral de plazas que permitía cierto chance a la botica, el modelo valenciano ‘excluye’ casi por completo a la farmacia comunitaria en este servicio. Tan solo asumirían las dispensaciones a pacientes de estos centros de estupefacientes, fórmulas magistrales o posibles cambios de tratamiento que no figuren en la Guía Farmacoterapéutica de la Comunidad Valenciana.

“Confianza rota”

Desde los colegios farmacéuticos valencianos se habla de “confianza rota” con su Consejería como consecuencia de este plan planteado “a sus espaldas”. En concreto, lo consideran un “golpe” al buen clima que parecía reinar entre ambas partes tras las recientes firmas del concierto y los convenios para aplicar las subvenciones o exenciones al copago en determinados colectivos. Todo ello “por no hablar del mes crónico de impagos que sufrimos”, añade Fe Ballestero, presidenta del COF de Alicante.

Incluso, en una reunión mantenida el 27 de marzo por sus presidentes con la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, no obtuvieron compromiso alguno de cambios o alternativas. En esta cita, Lacruz reiteró que esta apuesta que favorece la “equidad” y permitirá un ahorro anual en torno a 13 millones de euros.

Dado el desacuerdo, el Pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos ha anunciado la puesta en marcha de un estudio legal y económico sobre si este plan se ajusta y derecho, y confirme (o no) los ahorros que se relacionan con el proyecto. De partida, desde estas corporaciones se cree que la asignación en exclusiva de la prestación al Hospital La Fe podría contravenir lo estipulado en el propio RDL 16/2012, que alude a vincular este servicio “a los hospitales de referencia”.

Pacientes y residencias, contrarios

Los colegios valencianos no están solos en su crítica a este modelo. Otras partes con afectación directa, como los pacientes y las propias residencias, también piden una “negociación” frente a la decisión unilateral de la Consejería.

En concreto, la Federación Provincial de Asociaciones Democráticas de Pensionistas y Jubilados de UDP Valencia, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana instan a la “marcha atrás” de este nuevo modelo del que no tenían “conocimiento” y se apuesta por la apertura de un proceso participativo entre todos los agentes implicados. Estas entidades no consideran que este modelo pueda “garantizar la misma calidad del servicio” con el abastecimiento desde un único hospital “a más de 250 centros, con características, necesidades y ubicaciones muy diferentes”, apuntan.

Por contra, desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sí se ve con buenos ojos. Su presidente, Miguel Ángel Calleja, cree que esta centralización “es un proyecto pionero en España que dará niveles de eficiencia máxima”. Las previsiones de la Consejería valenciana pasan por la contratación de 65 nuevos farmacéuticos de hospital.

Parecidos razonables

Hay otras CC.AA que también parecen apostar cara al futuro por modelos parecidos (bien en la gestión del servicio o en la tipología de residencias afectadas) de los que la farmacia comunitaria sale perjudicada. Por ejemplo, Navarra implantará de forma inminente su nuevo modelo por el cual también apuesta por asignar esta prestación a un servicio de Farmacia central. En este caso, será el Complejo Hospitalario de Navarra quien abastecerá a todas las residencias públicas de las región. Así las cosas, las farmacias pierden la prestación a centros de menos de cien camas, pero, a diferencia de la Comunidad Valenciana, este modelo no ‘toca’ las de titularidad privada.

En el País Vasco, el borrador de nuevo proyecto de AF a residencias plantea un escenario más enrevesado. Su redacción actual (a la cual han presentado alegaciones los colegios farmacéuticos), indica que todas las residencias públicas, al margen de su tamaño, deberán contar con depósito propio o estar vinculadas a un servicio de FH. La novedad estriba en que las de titularidad privada también podrían decidir voluntariamente vincularse a uno de estos servicios, lo que podría suponer la pérdida de este servicio por las boticas.