Profesionales y pacientes participan en las decisiones, pero queda camino por recorrer

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El VIII encuentro anual del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento (OAT) volvió a congregar a una parte relevante del sector sanitario: gestores, administración, farmacia, enfermería, especialistas, pacientes y compañías. La adherencia se ha convertido, por derecho propio, en un asunto de la misma trascendencia que la cronicidad o la gestión sanitaria, y está íntimamente relacionada. De hecho, una medicina basada en el valor pasa por asegurar el uso de los recursos sanitarios de manera eficiente. La adherencia está aupada de la mano de especialidades como neumología, geriatría, cardiología o endocrinología. Estas y otras especialidades avanzan con la evidencia clínica de los beneficios de la adherencia. El enfoque económico permite establecer que los costes de la “no adherencia” en España superan los 11.000 millones de euros al año. El impacto en la morbimortalidad está demostrado a través de distintas publicaciones de evidencia incuestionable. Así, datos en insuficiencia cardíaca, diabetes o EPOC son contundentes. Pero esto no basta, ya que faltan planes que aterricen y permitan que los distintos profesionales se formen, integren y refuercen la adherencia de sus pacientes.

La anécdota surge tras la pregunta de Emili Esteve (Farmaindustria) a Pilar de Lucas, tras su brillante exposición sobre EPOC y adherencia en la Jornada mencionada. Esteve preguntó si creía que, si hubieran estado especialistas y pacientes en la decisión de aprobación de las triples terapias, el resultado (imposición de visado) hubiera sido distinto. De Lucas afirmó rotundamente: “No”. Pero la contrarréplica la realizó Iñaki Betolaza, DG de Farmacia del País Vasco, que dijo no estar de acuerdo en que profesionales y pacientes no están en los procesos de aprobación. ¿Quién tiene razón? Todos. La decisión de un visado no la toman quienes no están en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Y ahí están sólo representantes ministeriales y de las autonomías. La imposición de un visado, por tanto, no cuenta con la opinión favorable de los especialistas (neumólogos y médicos de familia) ni de los pacientes. Otra cosa es el IPT, en el que se han hecho progresos con los colectivos y expertos: asociaciones de pacientes y especialistas incorporan sus opiniones. Para la neumóloga Pilar de Lucas “bastaría con que el visado no contradijera la ficha técnica”.