En el debate en torno a las subastas de medicamentos de Andalucía siempre ha habido dos componentes: una parte política y otra sanitaria. Podríamos decir que la política se solventó de un día para otro, cuando el Tribunal Constitucional declaró que esta medida no invadía competencias del Estado. Pero ese aval, que algunos intentan hacer valer hoy en día ante la inminente reversión de las subastas, no valen si de lo que se trata es de ver la vertiente sanitaria.
Bajo el pretexto de la sostenibilidad, las subastas andaluzas pusieron en evidencia la fragilidad del sistema a la hora de hacer valer un instrumento tan potente como la Ley de Cohesión y Calidad, aprobada con el objetivo de que la descentralización no supusiera desigualdad para los pacientes en el acceso a las prestaciones. Las subastas miraron este principio y debilitaron de paso el papel de la prestación farmacéutica como elemento de cohesión en el SNS.
PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía quieren desvestir a un santo para vestir a otro, incorporando Andalucía a los procesos de compra centralizadas del estado, un instrumento que sin duda adolece de participación para aprovechar de manera efectiva el potencial del SNS en materia de economías de escala.
En un momento en el que la política farmacéutica global se mueve por el valor más que por el precio, las herramientas de fijación de precios y reembolsos, así como las de adquisición de medicamentos y productos sanitarios, también tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Quizá nos estamos adelantando a los acontecimientos, pero es posible que en las próximas semanas y meses escuchemos de manera reiterada que las compras centralizadas no ahorran tanto como las subastas. Será un error por duplicado, porque será un debate que no aporta nada y porque la cuestión no es —nunca debió serlo— ahorrar más o menos, sino cómo ahorrar. El ahorro sin valor no vale.
PP, Vox y Ciudadanos quieren desvestir a un santo para vestir a otro, sumando a Andalucía a las compras centralizadas
