La primera Comisión de Sanidad del Congreso de la XII Legislatura demostró en la práctica que llegar a acuerdos no sólo es posible, sino que también es obligatorio
| 2016-11-25T12:18:42+01:00 h |

La cobertura de la primera Comisión de Sanidad del Congreso de la XII Legislatura debe ser analizada más allá de su propia celebración. Hay que celebrar, para empezar, el fin de la parálisis de las funciones del Parlamento, que la semana pasada también dejó el debut de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el Senado. Por ahora su discurso es afin al trabajo llevado a cabo por sus antecesores, Ana Mato y Alfonso Alonso. Lógico. Era su primer discurso ante la Cámara. Pero no parece probable que esta convicción se aplique hasta sus últimas consecuencias. O al menos no debería serlo. Intentar mantener la reforma sanitaria en sus mismos términos sería un ejercicio de empecinamiento completamente estéril. La actual configuración parlamentaria obliga, mal que le pese al Gobierno y al partido que lo sostiene, a acometer cambios.

El secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, admitió hace unos días que tal vez sería conveniente “dar una vuelta” al copago farmacéutico por renta en relación a sus tramos. Este es un ejemplo perfecto. Concepciò Tarruella, en su antigua condición de portavoz de Sanidad de la extinta CiU en el Congreso, luchó ferozmente por incluir nuevos tramos en la X Legislatura. Sanidad se mostró dispuesta a estudiarlo, pero a la hora de la verdad no dio ningún paso.

Hoy, las declaraciones de Castrodeza, junto con las peticiones de derogación del copago farmacéutico, marcan una óptica distinta para el debate. Ya no es el sí contra el no. Ahora es posible llegar a un acuerdo intermedio. Más bien es obligatorio. La Comisión de Sanidad del Congreso lo demostró, reflejando el papel clave que jugarán algunas formaciónes.

Especialmente destacable será el papel de Ciudadanos. Su abstención fue clave para que saliera adelante la Proposición No de Ley del PSOE sobre la recuperación del Fondo de Cohesión Sanitaria. Una PNL es lo de menos, pues a fin de cuentas únicamente puede instar al Gobierno a tomar un determinado rumbo de acción, algo que el Ejecutivo no tiene por qué tomar en consideración.

Pero si se hace un ejercicio de imaginación y se sustituye esta PNL por, digamos, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, la cosa cambia. En la nueva clave de la gobernabilidad, la clave está en los acuerdos, como el que se adoptó en materia de transparencia. Veremos si cunde el ejemplo.