lunes, 12 agosto 2019

  • 1 Tribunal Europeo
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    En un mundo globalizado como en el que vivimos, si algo pasa en algún país es indefectible que tendrá algún tipo de efecto en otro. Es decir, que si un alfiler cae en Estados Unidos (no digamos ya si Lehman Brothers hace crack) es posible que eso tenga...

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    irene fernández Madrid
    Un ‘globo sonda’. Un ‘repago’ que rompe la cohesión del sistema, la equidad y la prestación farmacéutica, y que supone un agravio comparativo. Así es como muchos farmacéuticos han calificado a la penúltima media propuesta por el Gobierno de Cataluña en materia sanitaria: el ‘tique moderador’.
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    Recientemente el Tribunal de Justicia de la UE ha dado a conocer su decisión sobre una cuestión interesante para aquellos que desarrollamos una actividad profesional o empresarial en la que resulta necesario manejar datos de carácter personal de clientes...

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    Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
    REDACCIÓN Madrid

    El área única está “plenamente legitimada” para el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, pues la sentencia emitida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se refiere sólo a un precepto secundario que determina que “el...

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    La sentencia sobre los casos italiano y alemán dictada por el Tribunal de Luxemburgo el 19 de mayo de 2009 ha provocado el archivo del dictamen motivado contra España.
    J. N. Madrid

    La decisión adoptada por la Comisión Europea de cerrar definitivamente el dictamen motivado que abrió el 28 de junio de 2006 contra el modelo farmacéutico español, basado en una planificación regulación y en la obligatoriedad de la titularidad farmacéutica,...

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    Santiago de Quiroga
    La Comisión Europea (CE) cerró la semana pasada el dictamen motivado contra el Reino de España por la planificación farmacéutica. Me van a permitir que no les cuente lo que es, porque hemos tenido ríos de tinta sobre el asunto: la planificación de la farmacia española es solidaria y accesible.
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    La Comisión Europea da ‘carpetazo’ al proceso liberalizador emprendido por el ex comisario de Mercado Interior Charlie McCeevy.
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    Santiago Cervera La Comisión Europea dio marcha atrás en su pretensión de liberalizar los modelos farmacéuticos de varios Estados miembro y decidió cerrar los dictámenes motivados que durante su estancia al frente de Mercado Interior abrió Charlie MacCreevy. Una fiebre liberalizadora que se topó de frente con el Tribunal de Luxemburgo, que reconoció la potestad de los países para establecer determinadas regulaciones que garantizasen la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, ahora parece que el peligro está dentro del país. De hecho, siempre ha estado ahí. El ex consejero navarro Santiago Cervera y ‘su’ modelo navarro lo saben bien. Se nota su mano en el informe FAES que se publicará próximamente y que va en este sentido. Esperamos que, por lo menos, el nuevo Gobierno le diga claramente a los farmacéuticos cuáles son sus intenciones.
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    Barack Obama, presidente de los EEUU, ve peligrar su reforma sanitaria.

    El Tribunal Supremo estadounidense ha admitido a trámite las demandas interpuestas por gobernadores y fiscales generales de 26 estados contra la reforma del sistema sanitario, abriendo así un proceso que puede derrumbar o impulsar la iniciativa estrella...

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    Ignasi Pidevall, Alejandro Toledo, Ricardo de Lorenzo, Luis Gil y Fernando Lacaba, participaron recientemente en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
    daniel leguina Madrid Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), afirmó que “ha llegado la hora de cubrir los vacíos legales” que impiden que los pacientes puedan defender de modo colectivo sus intereses. Según Toledo, paciente trasplantado de riñón desde 1998, desde que se puso al frente de la AGP su objetivo es que se reconozca este derecho, “ya que, a día de hoy, esta aspiración no ha encontrado un marco legal específico, adecuado y ágil”. El presidente de la AGP realizó esta petición durante el XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, dentro del simposio “Las demandas colectivas en el sector sanitario. Asociaciones de Consumidores versus Asociaciones de Pacientes”. En este escenario, Toledo propuso que se complete la Ley de Autonomía del Paciente y la de Enjuiciamiento Civil. “En la primera habría que incorporar un capítulo nuevo dedicado a los derechos de los pacientes”, y en la segunda añadir un párrafo en el capítulo 11 para “equiparar las asociaciones de pacientes a las de consumidores”, para el ejercicio de acciones colectivas. En opinión de Toledo, la ley de autonomía del paciente inició en 2002 una etapa extraordinariamente importante para asentar sobre bases sólidas los derechos de los ciudadanos en el mundo de la Sanidad y, en particular, en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, el presidente de la AGP consideró que “más allá de sus derechos individuales, los pacientes deberían tener derechos colectivos”, ya que en la práctica diaria aparecen situaciones de dificultad que “afectan a un número amplio e incluso indeterminado de ellos”. Asimismo, quiso dejar claro que los derechos de los pacientes pueden ser acogidos por el Defensor del Pueblo o la Fiscalía, pero estimó que “a veces no es suficiente”, como tampoco lo es que “expongan su criterio sobre posibles medidas que afectan al funcionamiento de los servicios de salud”. Toledo también abogó por que las agrupaciones de pacientes dispongan de un registro público específico para “identificarlas de modo inequívoco”, ya que, en a su entender, “no es adecuado que estén diluidas en el Registro de Asociaciones de Interior”. En este evento también participaron Ignasi Pidevall, vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Luis Gil, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Fernando Lacaba, presidente de la Audiencia de Gerona; y Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Sobre este asunto, Gil destacó que “las demandas colectivas no se dan con excesiva frecuencia”, y lo habitual es que se trate de actos individualizados. En su opinión, hablar de demandas colectivas es hablar del derecho de lo colectivo, “cuando a partir del Derecho Romano la legislación se ha caracterizado por una condición eminentemente individualista”. Y es que, según manifestó, “el principal inconveniente es el de la legitimación” y quién está en condiciones de ostentar la representación para entablar acciones colectivas, “ya que la voluntad de cada uno de los afectados puede variar”. Por su parte, Lacaba afirmó que “es necesaria una especialización de la judicatura” en las acciones colectivas, ya que el enjuiciamiento requiere de una serie de conocimientos técnicos y reglas ad hoc “para que el juez no pueda ser ajeno al modus operandi” del colectivo sanitario. Este jurista recordó que las demandas sanitarias no se habían tocado en España hasta la tragedia del aceite de colza (1981), “pero la ley solamente ha dado legitimación a los consumidores y usuarios”. Sin embargo, Lacaba anunció que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dado un giro importante hacia los temas sanitarios y poniendo orden para dar una mayor seguridad jurídica.
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    carlos b. rodríguez Madrid Mientras los colegios negocian con el CatSalut una solución a los impagos, muchas farmacias pueden preguntarse todavía cómo se ha llegado a esta situación de insostenibilidad presupuestaria. La respuesta no es sencilla, o al menos no es tan sencilla como culpar únicamente a la crisis. La falta de rigor presupuestario ha sido una constante en la gestión de la factura farmacéutica, según demuestra un informe sobre el gasto en recetas médicas de 2008 liberado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Esta carencia de rigor permitió, por ejemplo, que Cataluña tuviese que pagar en 2008 intereses de tres millones de euros para que alguien se hiciera cargo de parte de la factura farmacéutica, mientras por otro lado dejaba de percibir seis millones por las aportaciones realizadas por volumen de ventas recogidas en la Ley de Garantías. En 2007, el Departamento de Salud recibió del Ministerio 4,8 millones de euros para transferencias corrientes y 1,1 más para transferencias de capital. Sin embargo, en la memoria presentada sobre las actividades realizadas con cargo a esos fondos, el importe justificado fue de 3,1 millones, insuficiente en 1,6 millones. Esto no solo supuso la pérdida de esta cantidad no justificada, sino también la correspondiente para el año 2008, que ascendía a 3,4 millones de euros para transferencias corrientes y 844.754 euros para transferencias de capital. En total, más de 5,9 millones de euros. Fondos que se habrían destinado a fomentar la I+D biomédica, desarrollar políticas de cohesión y mejorar el uso racional del medicamento con programas de formación para profesionales y herramientas de educación sanitaria de la población, aspectos todos ellos a mejorar, según las recomendaciones emitidas en el informe de la Sindicatura de Cuentas. ¿Cómo se explica esto? El economista Pere Ibern, profesor en la Barcelona Graduate School of Economics, cree que en el pasado la falta de rigor presupuestario “quedó en un segundo plano porque con el crecimiento económico podían resolverse los déficit anteriores y no se estableció ninguna acción disciplinaria”. En la actualidad, el cumplimiento del presupuesto es una exigencia ineludible. Esta situación supone, en teoría, que no volverán a repetirse acciones pasadas, si bien en 2008 el CatSalut contabilizó dos facturas de 2007, por valor de 88.000 euros, correspondientes al contrato de los servicios informáticos homologados para desarrollar el Sistema Integrado de Receta Electrónica. Lo hizo mediante una incorporación de remanentes de crédito, pero sin hacer constar en el expediente los recursos necesarios para financiar tal incremento del gasto. Este hecho ya incumplía, según el Tribunal, la Ley presupuestaria de Cataluña de 2007, sobre limitaciones de aumento del gasto si no se dispone de los recursos adicionales necesarios. Gestión del gasto Se trata, sin duda, de cantidades ínfimas, si se las compara con la factura farmacéutica. Pero echando la vista atrás, vemos que la situación que hoy ha dado lugar a recortes ya existía en 2008. Ese año, la liquidación del presupuesto no incluía 435,05 millones, gastos efectuados entre octubre y diciembre en los COF de Lérida, Gerona y Barcelona y por el de Tarragona entre noviembre y diciembre (la factura de octubre de este último —138,2 millones— se abonó utilizando el instrumento financiero de pagos por cuenta de terceros que conllevó un pago de intereses de 3,66 millones). El análisis del gasto señala también áreas mejorables de gestión. Para empezar, sobre el número de recetas. En 2008, el gasto farmacéutico creció un 6 por ciento, el precio medio por receta un 0,8 y el número de recetas, un 5,2. Mientras, la población protegida por el CatSalut solo creció un 2,4 por ciento. “El incremento del gasto es superior al de las personas protegidas”, destaca el informe, que también refleja un incremento del consumo de 0,50 recetas (2,7 por ciento) por persona. No obstante, a pesar de detallar las variaciones en el consumo, no se mencionan sus posibles causas, lo que a juicio de Ibern debería ser objeto de análisis específico. La gestión del precio por receta tampoco fue perfecta. Las entidades proveedores más significativas respecto al volumen de gasto obtuvieron un coste comedio de 13,33 euros por receta La horquilla va desde los 11,99 euros hasta los 15,80. El Instituto Catalán de la Salud, la entidad más representativa, se sitúa en medio, con 13,09 euros. Las restantes entidades, que sólo generan el 9,6 por ciento del gasto anual en recetas, conjuntamente presentaban una media de 16,98 euros por receta, es decir, 3,55 euros por encima de la media.

    Durante 2008 el gasto por recetas médicas expedidas a pacientes de otras comunidades autónomas ascendió en Cataluña a unos 9,3 millones de euros, un gasto que, según el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas regional, “no se resarce de las otras...

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