“Continuarán las discusiones en torno a la Directiva de Transparencia. El posible progreso en torno a la misma dependerá por encima de todo de cuántos estados miembros apoyen la propuesta”. Así se expresó el ministro de Salud de Lituania, Vytenis Povilas, ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimenticia del Parlamento Europeo al inicio del semestre de la Presidencia de Lituania. No muchos estados siguen a favor de esta propuesta de regulación, que volvió a ausentarse del último Consejo de Ministros de Salud del año, celebrado los días 9 y 10 de diciembre. La responsabilidad de alcanzar un acuerdo en torno a este asunto pasa ahora a Grecia.
La Directiva de Transparencia sigue alejándose de sus dos compañeras del ‘paquete farmacéutico europeo’: las directivas de Medicamentos Falsos y Farmacovigilancia ya han entrado en vigor. La nueva propuesta de precios y reembolsos es prácticamente el único punto de las prioridades en el que apenas se ha avanzado, al menos de manera explícita, como sí lo han hecho las regulaciones relativas al tabaco, los ensayos clínicos, la sanidad transfronteriza o las tecnologías sanitarias.
Al tiempo que esta propuesta de directiva seguirá su periplo presidida por un país que ha ejercido un fuerte condicionamiento en materia de precios de medicamentos, la UE se enfrenta a nuevos objetivos que sí fueron tomados en consideración en la reunión de los ministros de Salud.
La apuesta por unos sistemas sanitarios sostenibles se concretó en dos documentos presentados a los ministros: por un lado, las conclusiones adoptadas en Vilnius y acordadas por la OMS, la EPHA y la Efpia. Por otro, un documento elaborado por la propia Comisión Europea y aprobado por el Europarlamento que pretende servir de guía a los países europeos a la hora de encontrar fórmulas para que los sistemas sanitarios puedan hacer frente a los retos demográficos y en salud y a las cargas financieras derivadas de ellos.
La adopción de este documento implica que los países de la UE se comprometen a evaluar la sostenibilidad de sus sistemas sanitarios, con objeto de compartir buenas prácticas y de mejorar la eficacia de los mismos en el contexto de ajuste. Este compromiso incluirá una evaluación de “los posibles impactos” sobre los sistemas sanitarios de los programas nacionales de reformas económicas recomendados por Bruselas, en el marco del semestre europeo.
