EL GLOBAL Madrid | miércoles, 09 de marzo de 2016 h |

Jordi Faus, socio fundador del Despacho Faus&Moliner, abordó en Infarma 2016 la compleja situación creada para la oficina de farmacia con los medicamentos de dispensación hospitalaria, y su marcha a los hospitales bajo una justificación, a su juicio, “cien por cien económica bajo la premisa de la eficiencia en el gasto público”. Presentado por Jordi de Dalmases, presidente del COF de Barcelona, Faus hizo una serie de recomendaciones a las oficinas de farmacia para enfrentarse a una realidad que tiene una clara repercusión en su economía. Su enfoque es el de una colaboración multidisciplinar.

El abogado recordó que se trata de una posibilidad legal que arranca del Real Decreto Ley 9/2011, que estableció una nueva categoría de productos que el Ministerio de Sanidad puede decidir que se sometan a dispensación hospitalaria. En esta línea, considera que los argumentos de competencia desleal a la farmacia en relación con los medicamentos de diagnóstico hospitalario o las centrales de compra de la Administración no tendrían recorrido legal, ya que la actuación administrativa no pretende eliminar a un competidor y hay diferentes resoluciones que amparan la intervención basada en el interés público.

Las acusaciones de abuso de posición dominante tampoco tendrían más posibilidades, a su juicio, ya que se trata de conductas amparadas por la Ley. Faus recalca que los hospitales no actúan como empresas cuando compran medicamentos para prestar servicios sanitarios gratuitos a los afiliados al SNS.

El enfoque propuesto por Faus alude a la necesidad de conciliar el interés público con el libre ejercicio de la profesión farmacéutica y propone entablar un debate con la Administración para conciliar ese interés público de la dispensación hospitalaria con el derecho a ejercer la profesión farmacéutica. Esta cooperación multidisciplinar debe incluir a las oficinas de farmacia y defiende un modelo económico revisado para estos productos que incluya también el punto de vista del paciente, obligado a acudir a un hospital cuando tendría un acceso más cercano a su medicación y un tratamiento más personalizado a través de la farmacia.

Por su parte, Jordi de Dalmases advirtió que la Administración “está escogiendo otros canales para la dispensación de productos y la farmacia tiene que buscar vías alternativas para hacer valer su presencia en el territorio y cercanía a la población, con el fin de que no nos pase el futuro por delante”.