| viernes, 27 de noviembre de 2009 h |

a.c.

La Coruña

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha declarado “ilegal” parte del sistema de baremos que rigió el concurso de nuevas aperturas de oficina de farmacia en esta comunidad de 2006. El tribunal lo consideró “contrario a derecho, al comprobarse una infracción del principio de igualdad”. Esta sentencia puede provocar que, a pesar de haber sido ya adjudicadas el pasado mes de febrero las 87 boticas que se pusieron en juego (ver mapa), ahora queden anuladas las licencias de apertura de sus titulares. Incluso, seis de ellas ya se encuentran abiertas al público, mientras que el resto de aperturas eran inminentes.

El TSJG dio así la razón a un recurso presentado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos de Galicia (Fefga), que consideró que se había producido “un incumplimiento del principio de igualdad concursal”, tal y como indicó su presidente, José Luis Rodríguez. Y es que, en el concurso se otorgó el doble de puntuación (dos puntos frente a uno) a los cursos de posgrado realizados por solicitantes que ejercían como farmacéuticos de hospital frente a los realizados por el resto de profesionales. Una discriminación que fue confirmada por el tribunal.

Cábalas

“Las consecuencias de esta sentencia son confusas”, señaló Rodríguez, ya que, a priori, las puntuaciones que recibieron el millar de profesionales participantes en el concurso deberían ser revisadas “una a una, sin atender a esta discriminación positiva”.

La revisión podría provocar que algunos de los que recibieron una autorización ya no obtengan la puntuación suficiente y, en cambio, otros sí puedan formar parte ahora de la relación de elegidos. Según las primeras valoraciones realizadas por la Fefga, aproximadamente el 50 por ciento de los adjudicatarios perderían la licencia tras la revisión. Además, la posición en ese listado de elegidos otorga prioridad para elegir zona, por lo que cambios darían derecho a pedir una reubicación.

“Previsiblemente la sentencia será recurrida”, estimó Rodríguez, que culpa a la Xunta de haber llegado a esta situación. “Conocía el recurso y si se hubiese reunido a las partes para consensuar un sistema de baremos, lo habríamos retirado”, indicó.