La historia se repite una vez más. La Subcomisión del Pacto por la Sanidad creada en el Congreso a instancias de CiU ha corrido la misma suerte que el resto de intentonas para despolitizar la Sanidad. Ocurrió con el ‘Informe Abril’ y se repitió con las subcomisiones parlamentarias que pusieron en marcha, respectivamente, PP e IU en la época de José Manuel Romay Beccaría y Bernat Soria como ministros. La portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Concepció Tarruella, cumplió la amenaza de su grupo, y se fue del órgano que impulsó acompañada de su homóloga del PNV, Isabel Sánchez. Su marcha reduce a dos los grupos (PP y UPyD) encargados de elaborar las conclusiones y elevarlas a la Comisión de Sanidad. El pacto con los profesionales del Ministerio seguirá adelante, pero sin acuerdo político.
Este compromiso ya era difícil de alcanzar antes de la semana pasada, desde que PSOE y la Izquierda Plural abandonaron la subcomisión. Ahora parece imposible, pese a que no hace muchas semanas, en su última comparecencia, la ministra de Sanidad, Ana Mato, acudió al Congreso a presentar los acuerdos firmados con médicos y farmacéuticos, y aprovechó para lanzar a los grupos otra oferta de pacto.
CiU lanzó entonces un aviso a navegantes: abandonaría la subcomisión si Sanidad no daba muestras de tener en cuenta las conclusiones de la Subcomisión. Ese ha sido, precisamente, el argumento que Tarruella y Sánchez emplearon la semana pasada: el PP no ha atendido su petición y continúa gobernando e impulsando un Pacto a espaldas del Parlamento y del CISNS.
¿Por qué ahora?
Pero, ¿qué ha ocurrido desde la última oferta de acuerdo de la ministra para que CiU y PNV den ahora el paso? El elemento determinante puede haber sido la Resolución de 10 de septiembre de la dirección general de Cartera Básica de Servicios, que abre la puerta al copago de medicamentos ambulatorios en los hospitales. CiU ya pidió en su momento la derogación del Real Decreto-ley 28/2012 que lo contemplaba. Lo volvió a plantear durante la reforma de la Ley de Garantías. La semana pasada, un día antes de abandonar la Subcomisión, volvió a intentarlo con una moción planteada en la Cámara Baja.
El debate transcurrió sin novedades en cuanto al copago hospitalario, si bien arrojó luz sobre otra cuestión pendiente relativa a la reforma farmacéutica. En un segundo punto de la moción, CiU incluyó la posibilidad de extender los topes de los que gozan los pensionistas a las personas con enfermedades raras y los pacientes crónicos, tanto en oficinas de farmacia como en hospitales. También aquí se encontró con la postura inamovible del PP.
Tarruella coincide con la queja de varios colectivos de pacientes en relación a que, pese a ser de aportación reducida, el impacto de este copago sobre su economía es importante. El problema, con el que coinciden todos los partidos de la oposición, es el hecho de que a la cronicidad se asocia generalmente la pluripatología y la polimedicación, lo que hace que esos 4,20 euros se multipliquen por varios cada mes. Según el PP, dar marcha atrás a la reforma “supone la vuelta al pasado” y a una situación de deuda con el sector farmacéutico, que en parte correspondía a muchos medicamentos de diagnóstico hospitalario.
El pasado mes de marzo el Pleno del Congreso prorrogó hasta el 27 de noviembre los trabajos de la subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario. Tras el abandono de CiU y PNV, el portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Baja, Rubén Moreno, explicó que los trabajos ya han terminado y que a los grupos participantes (PP y UPyD) solo les queda resumir las comparecencias y elaborar un dictamen, que se elevará a la Comisión de Sanidad previsiblemente a finales de año.
Al término de la subcomisión de la semana pasada, Moreno calificó el abandono de CiU y PNV como una “falta de responsabilidad”, informa Europa Press. “Es una pena que quien tiene encomendada la representación de este país no colaborara en la elaboración de este dictamen que nada tiene que ver con el ministerio. Se quejan de que el nivel de interlocución no es el adecuado y se da la paradoja de que la no intervención del ministerio en el poder legislativo, lejos de verse como una ventaja, se ve como una desventaja”, zanjó.
