Carmen Peña abre la puerta a la renovación de los estatutos del Consejo General de Farmacéuticos

J. Nieto

Madrid

Uno de los temas que mayor polémica ha suscitado en los últimos años respecto al funcionamiento interno del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha sido la renovación de sus estatutos. Una normativa de régimen interno que data de 1959, aunque sufrió pequeñas modificaciones en 1985 para adaptarse a la realidad autonómica. Ahora, después de un infructuoso intento de renovación en 2005, aún bajo la presidencia de Pedro Capilla, motivado por el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de José María Aznar contra la Ley 10/2003, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, la nueva presidenta de esta institución, Carmen Peña, ha abierto la puerta a la renovación.

A este respecto, cabe destacar que no se trataría de unos nuevos estatutos de la profesión, sino que, debido a la existencia de leyes de colegios autonómicos y provinciales, que incluyen unos estatutos propios, se trataría de un texto que dotaría de un nuevo marco de actuación y funcionamiento al máximo organismo farmacéutico de España. Eso sí, siempre con el borrador de estatutos de 2005, que ya fueron aprobados por la asamblea, sobre la mesa.

En este sentido, la asesoría jurídica del Consejo General ya trabaja sobre este borrador de 2005 para quitar todo aquello que ha quedado obsoleto debido a la transferencia de competencias sobre colegios profesionales a las autonomías. Unas modificaciones que se deben ampliar a raíz de la transposición de la Directiva europea de Servicios, la denominada Ley Ómnibus. Así, el Ministerio de Economía solicitó en julio la adecuación de los estatutos de la profesión a esta normativa antes del 28 de diciembre, un plazo que, sin embargo, se ha prolongado hasta el mes de febrero.

Ley Ómnibus y transparencia

Los nuevos estatutos del Consejo General, que aún cuentan con cinco plenos y dos asambleas de por medio para ser aprobados, deberán recoger algunos aspectos incluidos en la Ley Ómnibus. Entre ellos, cabría destacar aspectos como las comunicaciones comerciales en publicidad, el servicio de atención al colegiado y a los usuarios finales, la ventanilla única o la información sobre colegiados y registros. Unos aspectos referidos a la transparencia de los colegios profesionales respecto al ciudadano.

Sobre este aspecto, cabe destacar que la renovación de los estatutos del Consejo General deberá ser muy profunda, debido a que además de introducir estos aspectos de la Ley Ómnibus deberá realizar una modificación casi total del texto de 1959. Algo por lo que no deberán pasar tanto los consejos autonómicos como los colegios provinciales, que cuentan con estatutos propios más recientes.

De esta forma, la adaptación de estatutos, que ya fue llevada a pleno por parte de la presidenta del Consejo General el pasado mes de septiembre, iniciará un proceso de debate en el seno de la institución para tratar de llegar al mayor acuerdo posible entre los colegios provinciales. Así, junto a las adaptaciones a las que obliga la transposición de la Ley Ómnibus, los nuevos estatutos del Consejo General recogerán aspectos hasta ahora no mencionados en los mismos: moción de censura, limitación de cargos, voto ponderado en la asamblea…

Y es que, en el seno del Consejo General se desea que este nuevo texto se guíe por “una transparencia total”, motivo por el cual consideran muy importante recoger en los mismos todas las sensibilidades: tanto de los colegios con mayor número de colegiados como las de aquellos más pequeños. Unos estatutos que pretenden que todo el mundo esté cómodo.

Ahora, al contrario que sucedió en 2005, cuando desde el Ministerio de Economía no se atendieron las peticiones para su renovación, la ministra Elena Salgado sí deberá dar luz verde a unos estatutos con unas novedades subordinadas a Europa. Una circunstancia que, sin duda, ha acelerado esta renovación.