“La innovación farmacológica no puede aspirar a retornos crecientes para medicamentos repetitivos. En estos casos es obligado aceptar precios inferiores a los existentes en el momento de comercialización si se desea obtener un lugar en el mercado”. Así lo asegura el subdirector general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Carlos Lens, en uno de los capítulos que componen el libro ‘Innovación y Solvencia: cara y cruz de la sostenibilidad del sistema sanitario español’, elaborado por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con la compañía Celgene.
Durante la presentación del trabajo, Lens profundizó en el concepto de innovación contributiva versus innovación repetitiva y las diferentes condiciones en que ambas deberían llegar al mercado. Sobre esta última, Lens asegura que “la costumbre de premiar la innovación por el simple hecho de ser novedad es inaplicable en tiempos de dificultad económica”. Tampoco la innovación contributiva o incremental debe ser ajena a este hecho, motivo por el cual se hace necesario medir su contribución con parámetros bien claros y definidos.
Pero este gran objetivo continúa encallado si no se especifica cómo se debe medir el nivel de innovación de un nuevo medicamento o de una indicación netamente diferenciada de las esperables de un fármaco bien conocido. Según los autores del libro, se precisa definir qué debe entenderse como inovación contributiva y distinguir estos casos de los que no lo son.
Se han llevado a cabo varios intentos en este sentido pero por el momento ninguna escala goza de aceptación universal. El Ministerio de Sanidad trabaja en este ámbito y espera alcanzar conclusiones en el corto plazo, según refleja Lens en el libro.
Pero definir qué es la innovación e innovar en la manera en la que ésta debe llegar al mercado no es la única manera de abordar su solvencia y la sostenibilidad del sistema sanitario. “Para ser más solvente, el sistema tiene que ser más innovador, pero cuidado con las desigualdades que se puedan generar”, señaló Guillem López i Casasnovas.
El catedrático de Economía y director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra aboga por aplicar “antídotos de priorización”, un concepto que aplicó al copago. Ante los efectos que genera sobre la equidad la fórmula actual, la solución que plantea este experto es que “el copago se lleve a la renta” y no “la renta al copago”: si lo que pretende es “castigar” un uso inadecuado del servicio o un beneficio no considerado prioritario, el copago debería incorporarse, según el coste que ha supuesto al sistema, a la base imponible de la declaración anual de la renta de cada ciudadano.
Esta innovación no es organizativa, ni de producto, ni de proceso. Es innovación de gestión y un buen ejemplo del amplio rango de reformas que defienden los diez expertos que han colaborado en el libro, y que abordan aspectos como la evaluación, la planificación, la información, la financiación o la propia cultura sanitaria. En este ámbito se enmarca la petición de César Vicente, director general de Farmacia de Baleares, para cambiar el concepto de “gasto farmacéutico” por el de “inversión farmacéutica”.
Pero nada de ello será posible sin una apuesta clara de la Administración. Juan del Llano, de la Fundación Gaspar Casal, reclamó “coraje político”; y Jordi Martí, vicepresidente de Celgene España y Portugal, una visión a largo plazo: “Si la predictibilidad es baja —dijo—, saldrá más a cuenta copiar que innovar”.
