Un año más la Organización Médica Colegial (OMC) ha registrado un incremento de agresiones contra los médicos. Los datos que viene la OMC publicando durante los últimos siete años no muestran el total de actos violentos que se producen contra los profesionales médicos, sino que advierten de una lacra, que debe erradicarse cuanto antes.
Las estadísticas recogidas este último año muestran una realidad, que los médicos han tomado conciencia. Cada vez denuncian con mayor asiduidad no sólo los ataques físicos, sino también los verbales en forma de amenazas e insultos. Es un buen síntoma. Ahora sólo falta que el mensaje cale en la sociedad.
En los últimos años se han puesto en marcha medidas disuasorias para impedir las agresiones contra los profesionales sanitarios, además de las campañas de concienciación anuales que tanto médicos como enfermeros lanzan todos los años. La más evidente es el cambio del Código Penal que reconoce al profesional sanitario en el ejercicio de su función como autoridad público. La consecuencia principal es que cualquier agresión física será considerada como delito de atentado. Pero el texto se queda cojo, porque no recoge los insultos y las amenazas como delito de atentado, ni tampoco reconoce al médico del sector privado.
Son dos aspectos que deben revisarse en el Código Penal. Debería abordarse además porque en el último año se ha reducido el peso de las agresiones físicas. Han pasado de representar un 14,5 a un 12 por ciento. Es pronto para decirlo, pero los datos pueden estar relacionados con el reconocimiento de autoridad.
La calidad asistencial depende de ellos. Ningún médico, ya sea público o privado, puede ejercer su labor libremente bajo la amenaza o el insulto. Si se permite, la calidad asistencial se verá deteriorada. Con el fin de proteger la atención sanitaria, se ha puesto en marcha el protocolo de actuación pactado entre los médicos y el Ministerio del Interior. Ha surgido la figura del interlocutor policial sanitario, con el fin de proteger más a los profesionales y poder asesorarles en caso de agresión. Es necesario ahora que se unan las comunidades autónomas para conocer el alcance real del problema y conseguir mayores niveles de protección.
Cada vez denuncian con mayor asiduidad no solo los ataques físicos, sino también las amenazas e insultos
